Editorial de la Revista Eclessia sobre la situación española actual
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Parte de la Editorial sobre la postura de la iglesia católica en España
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¿Y cuál es la posición de la Iglesia católica en medio de esta situación? Nada tiene la Iglesia que objetar, en principio, sin entrar ahora en detalles, a pactos, alianzas y sentido de los votos de los diputados, siempre que todo ello discurrirá y se enmarque en la legalidad vigente, que no es otra que la que fija la Constitución. Distinto sería considerar los detalles y acuerdos concretos de dichos pactos. Y en este sentido, como tanto el presidente de la CEE como el secretario han hecho público, nos resulta cuando menos extraño, hasta molesto, que la validez o no de los Acuerdos Iglesia-Estado forme parte de estas negociaciones. Es cierto que el PSOE, en su acuerdo con C’s, ya no pide la revocación de estos Acuerdos, sino su revisión, que, aunque opinable —todo es revisable— no acabamos de entender necesaria, pues, como ha observado el presidente de la CEE, se ha convertido en «una especie de latiguillo, de recurso fácil» y —añadimos nosotros— en una recurrente y cansina cantinela demagógica. Tampoco compartimos en absoluto la visión de ambos partidos sobre el aborto.
Con todo, la perplejidad que reitera nuestra Iglesia ante la actual situación encuentra asimismo otros inquietantes escenarios con acciones como el denominado «Padrenuestro blasfemo» en ámbito del ayuntamiento de Barcelona (página 10) o mociones municipales sectarias e incomprensibles —verbigracia, en el ayuntamiento de Sevilla (página 9)— u otras polémicas, ya narradas también en ecclesia en números pasados, en Madrid. A ello, es preciso añadir la no pertinente e inadecuada moción del PSOE y de Podemos en Castilla-La Mancha (partido de gobierno, el primero, y su socio parlamentario, el segundo) en contra del mal llamado «Concordato» y la anexa congelación, al menos, de las partidas presupuestarias en esta región para la educación concertada y la dotación de los servicios religiosos en hospitales y cárceles.
Y a todo esto, poco o nada, sino todo lo contrario, contribuyen los casos de corrupción, ni la desconcertante y enrocada parálisis en otros destacados segmentos del espectro político.
La Iglesia no quiere privilegios de ningún tipo, ni confesionalismos larvados de ninguna naturaleza —esto es, tampoco quiere laicismos beligerantes—; quiere el cumplimiento, la promoción y el respeto a los derechos fundamentales y a la letra y al espíritu de la Constitución. La libertad escolar y el apoyo a la iniciativa social de matriz educativa, la clase de Religión en colegios públicos, privados o concertados, la prestación de servicios religiosos en prisiones y hospitales públicos son derechos de los ciudadanos, derechos que se costean con los impuestos de todos, entre ellos de quienes quieren recibir dichos servicios y que además son, somos, mayoría.
¿Tan difícil es entender y respetar toda esta argumentación?
Parte de la Editorial sobre la postura de la iglesia católica en España
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¿Y cuál es la posición de la Iglesia católica en medio de esta situación? Nada tiene la Iglesia que objetar, en principio, sin entrar ahora en detalles, a pactos, alianzas y sentido de los votos de los diputados, siempre que todo ello discurrirá y se enmarque en la legalidad vigente, que no es otra que la que fija la Constitución. Distinto sería considerar los detalles y acuerdos concretos de dichos pactos. Y en este sentido, como tanto el presidente de la CEE como el secretario han hecho público, nos resulta cuando menos extraño, hasta molesto, que la validez o no de los Acuerdos Iglesia-Estado forme parte de estas negociaciones. Es cierto que el PSOE, en su acuerdo con C’s, ya no pide la revocación de estos Acuerdos, sino su revisión, que, aunque opinable —todo es revisable— no acabamos de entender necesaria, pues, como ha observado el presidente de la CEE, se ha convertido en «una especie de latiguillo, de recurso fácil» y —añadimos nosotros— en una recurrente y cansina cantinela demagógica. Tampoco compartimos en absoluto la visión de ambos partidos sobre el aborto.
Con todo, la perplejidad que reitera nuestra Iglesia ante la actual situación encuentra asimismo otros inquietantes escenarios con acciones como el denominado «Padrenuestro blasfemo» en ámbito del ayuntamiento de Barcelona (página 10) o mociones municipales sectarias e incomprensibles —verbigracia, en el ayuntamiento de Sevilla (página 9)— u otras polémicas, ya narradas también en ecclesia en números pasados, en Madrid. A ello, es preciso añadir la no pertinente e inadecuada moción del PSOE y de Podemos en Castilla-La Mancha (partido de gobierno, el primero, y su socio parlamentario, el segundo) en contra del mal llamado «Concordato» y la anexa congelación, al menos, de las partidas presupuestarias en esta región para la educación concertada y la dotación de los servicios religiosos en hospitales y cárceles.
Y a todo esto, poco o nada, sino todo lo contrario, contribuyen los casos de corrupción, ni la desconcertante y enrocada parálisis en otros destacados segmentos del espectro político.
La Iglesia no quiere privilegios de ningún tipo, ni confesionalismos larvados de ninguna naturaleza —esto es, tampoco quiere laicismos beligerantes—; quiere el cumplimiento, la promoción y el respeto a los derechos fundamentales y a la letra y al espíritu de la Constitución. La libertad escolar y el apoyo a la iniciativa social de matriz educativa, la clase de Religión en colegios públicos, privados o concertados, la prestación de servicios religiosos en prisiones y hospitales públicos son derechos de los ciudadanos, derechos que se costean con los impuestos de todos, entre ellos de quienes quieren recibir dichos servicios y que además son, somos, mayoría.
¿Tan difícil es entender y respetar toda esta argumentación?
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