Los poderes públicos de España abren una Causa general contra la Iglesia Católica por los abusos sexuales a menores

España registra miles de denuncias por abusos sexuales a menores cada año. Una de cada dos víctimas de ese tipo de abusos es un menor. A pesar de que se estima que solo el 15% de los abusos son denunciados e investigados, la Fiscalía General pretende investigar detenidamente solo los cometidos en el ámbito de la Iglesia católica en los últimos años y décadas

1/02/22 9:07 AM

(InfoCatólica) Según datos del Ministerio del Interior, entre 2019 y 2020 se habían presentado un total de 11.838 denuncias por delitos contra la libertad sexual (6.153 en 2019 y 5.685 en 2020) que tenían como víctimas a menores de edad. 

En ambos años estas denuncias representaban cerca del 50% del total de las recibidas por este concepto, lo que supone que uno de cada dos agresiones sexuales en nuestro país tienen como víctima a un menor. 

Y estos datos suponen sólo la punta de un gran iceberg, puesto que se estima que tan sólo se denuncia el 15% de los abusos sexuales que ocurren en la infancia.

Según un informe publicado el pasado mes de noviembre por Save the Children sobre los abusos sexuales contra menores en España, 

un 44,7% de los abusos sexuales cometidos hacia menores de edad se producen entre los 13 y los 16 años, aunque la edad media en la que los niños y las niñas comienzan a sufrir abusos es muy temprana, a los 11 años y medio. 

Además, el 78,9% de los casos las víctimas son niñas y chicas adolescentes, y el 84% de los abusadores son conocidos, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas.

Entre los espacios más comunes destaca el entorno familiar con casi la mitad (49,5 %) de los casos analizados donde alguno de los perfiles de abusador más frecuentes son:

 el padre (24,9 % del total del entorno familiar y 12,3 % del total), 

otro familiar no identificado (19,7 % del entorno familiar y 9,7 % del total), 

la pareja de la madre típicamente masculina (18,8 % del entorno familiar y 9,3 % del total), 

el abuelo (12,2 % del entorno familiar y 6 % del total) 

o el tío (6,6 % dentro del entorno familiar y 3,2 % sobre el total).

En el análisis de agresores conocidos, pero fuera del entorno familiar (que supone el 34,5 % de casos), destacan:

 9,7 % amistades o compañeros de la víctima (19,8 % del total de los casos del entorno ajeno a la familia),

 en un 8,6 % de los casos son conocidos de la familia (17,5 % del total de los casos del entorno ajeno) y

 educadores con un 6 % de los casos (12,3 % del entorno fuera de la familia).

El informe revela también una situación lamentable:

La mayoría de profesionales del ámbito de la Justicia todavía no tienen formación especializada en derechos de infancia y en violencia contra los niños y las niñas. Aún estamos muy lejos de la especialización de los y las profesionales del ámbito de la Justicia que intervienen en las decisiones que afectan a la infancia: judicatura, abogacía, fiscalía, medicina y psicología forense, entre otras. Es necesaria la formación específica y adaptada tanto de estos profesionales como de aquellos que intervienen durante todo el proceso (psicología forense, medicina forense, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc.)

Órgano politizado pone a la Iglesia en su punto de mira

Pues bien, al parecer a la Fiscalía general del Estado, al frente de la cual está una señora, Dolores Delgado, nombrada por el gobierno y que en su día fue Ministra de Justicia -por tanto, con clara contaminación política-, no tiene mejor cosa que hacer que abrir una especie de causa general contra la Iglesia Católica por los abusos cometidos por sacerdotes y religiosos.

Delgado ha ordenado a las 17 fiscalías autonómicas que remitan, en un plazo de 10 días, todas las causas que estén actualmente en tramitación sobre agresiones y abusos sexuales a menores, cometidos por miembros de la lglesia Católica.

Esta decisión del departamento que dirige Dolores Delgado coincide con el pronunciamiento de los letrados del Congreso de los Diputados, que se han mostrado favorables a admitir a trámite la iniciativa de Unidad Podemos, Esquerra republicana y EH Bildu para crear una comisión de investigación en el Congreso.